Ocho ciudadanos colombianos y dos venezolanas permanecen privados de la libertad en Venezuela pese a que un juez de la República ordenó su absolución y dispuso la libertad plena e inmediata de los diez procesados.
La denuncia fue formulada por familiares y por el abogado Luis Acevedo. Según el profesional, las personas permanecen recluidas en un destacamento de la Guardia Nacional en Tucupita, estado Delta Amacuro, aunque desde el pasado 3 de septiembre existe una orden judicial de excarcelación para cada una.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas. El despacho declaró la absolución de los diez procesados y emitió las respectivas boletas de excarcelación, con una orden de libertad plena y sin restricciones.Para los familiares, resulta inexplicable que las boletas judiciales no hayan sido ejecutadas. Acevedo sostuvo que la negativa de la autoridad encargada de la custodia constituye una vulneración de los derechos fundamentales y del debido proceso, además de desconocer la autoridad de una decisión judicial.
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operativos, un mismo proceso
Los hechos que llevaron a la detención de los diez ciudadanos se produjeron, según la información entregada por Acevedo, en tres procedimientos realizados en diferentes fechas y estados venezolanos.
El primer grupo fue detenido el 15 de agosto de 2025 en Barrancas del Orinoco, estado Monagas. Se trata de los colombianos Johnny Valenzuela, Edinson Riascos, Warner Vázquez y Luis Valenzuela.
Dos días después, el 17 de agosto, fueron detenidas en Tucupita las venezolanas Rosanis Medina y Rosmarelis Zacarias. La captura se produjo durante un procedimiento de allanamiento a una vivienda, en la que, de acuerdo con las actas incorporadas al expediente, habrían sido encontrados elementos considerados de interés criminalístico.
El tercer procedimiento ocurrió el 19 de agosto en Los Pijiguaos, estado Bolívar. Allí fueron detenidos los colombianos Angélico Montaño, John González, Byron Moreno y John Moreno.
La defensa cuestiona que tres procedimientos realizados en tres estados diferentes y en fechas distintas terminaran vinculados a un mismo proceso penal.
Los diez permanecieron privados de la libertad durante más de un año mientras avanzaban las actuaciones judiciales. De acuerdo con Acevedo, durante el proceso tampoco se establecieron elementos suficientes que permitieran vincularlos con los hechos investigados.
Capturas bajo cuestionamiento
Uno de los principales reclamos de los familiares está relacionado con las circunstancias en que se produjeron las detenciones y con las imputaciones formuladas contra los ciudadanos.
Acevedo aseguró que en el expediente existen actuaciones que generan dudas sobre la participación de algunos funcionarios en los procedimientos policiales. Según explicó, funcionarios actuantes habrían manifestado en las actas que no participaron en determinadas actuaciones.
Para el abogado, estos elementos adquirieron especial relevancia durante el juicio y terminaron siendo considerados por el juez al momento de adoptar la decisión absolutoria.
La defensa sostiene que los ciudadanos estuvieron sometidos durante más de un año a una privación de la libertad que finalmente no encontró respaldo en la decisión judicial. Por ello, considera que mantenerlos recluidos después de emitidas las boletas de excarcelación prolonga una afectación que, a su juicio, ya no tendría sustento legal.
La orden que no se ejecuta
El punto central de la denuncia está ahora en la falta de ejecución de la decisión judicial.
Acevedo afirmó que las boletas de excarcelación fueron expedidas individualmente y que los familiares lograron obtener imágenes de los documentos. En ellos, según explicó, consta la absolución y la orden de libertad plena.
Pese a ello, los diez ciudadanos continúan bajo custodia.
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La situación plantea, según el abogado, un conflicto entre la decisión adoptada por el órgano judicial y la actuación de la autoridad que mantiene la custodia de los procesados. También cuestionó que una fuerza de seguridad pueda mantener privada de la libertad a una persona cuando existe una decisión judicial que dispone expresamente su excarcelación.
Los familiares pidieron que el caso sea conocido por las autoridades venezolanas y por organismos internacionales como una situación de derechos humanos que requiere una respuesta inmediata.
Reclamo al Gobierno colombiano
En el caso de los ocho colombianos, los familiares trasladaron el reclamo al Gobierno nacional y solicitaron a la Cancillería y a los consulados colombianos en Venezuela que intervengan ante las autoridades de ese país.
La petición busca que se verifique la situación jurídica de los detenidos, se establezca por qué no han sido ejecutadas las órdenes de libertad y se gestione su excarcelación, de acuerdo con la decisión judicial conocida por la defensa.
Mientras esto ocurre, los ocho colombianos y las dos venezolanas continúan privados de la libertad en Tucupita, pese a que, según sus familiares y su abogado, un juez venezolano ya determinó que deben recuperar su libertad.
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